Se colocó la primera pulsera dual en la provincia: los fundamentos de la resolución:

La semana pasada autoridades del Ministerio de Seguridad junto a personal capacitado del Servicio Penitenciario procedieron a realizar la colocación del primer sistema de monitoreo dual para la protección de víctimas de violencia de género ante la resolución firmada por la Dra. Olga Amigot Solohaga, Jueza en comisión de Familia de Segunda Nominación.

Ese instrumento cita como marco normativo el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que incorpora diferentes tratados internacionales de Derechos Humanos. Algunas de las fuentes utilizadas por la magistrada es la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) como así también la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará), igualmente toma la ley provincial N° 5434 de Violencia Familiar y de Genero del año 2015.

“Es criterio, ya sentado por esta Magistrada, que la violencia machista y patriarcal no puede ser soportada, ni menos aún soslayada por las autoridades estatales; y, a esos fines debe hacerse uso de todas las herramientas que el sistema permite y habilita para poner un freno a tales conductas”, señala el resolutorio que además enumera en el caso en cuestión “un incumplimiento o reticencia palmaria, en el acatamiento de las órdenes judiciales dispuestas contra el victimario” y que sumados a hechos probablemente no denunciados “por miedo o hastío” por parte de la víctima “revelan la profundización de la violencia en contra suyo, lo que lisa y llanamente implica anular el goce de sus Derechos Humanos y sus libertades más fundamentales”.

Agrega la Dra. Amigot Solohaga que “el denunciado demuestra un desprecio por la autoridad judicial (y policial), pues no ha acatado las medidas dictadas por éste tribunal, ni por ninguna autoridad, sosteniendo el maltrato, el acoso, la humillación, por cualquiera de las vías que tenía al alcance”.

En este orden de ideas concluye que “se deben redoblar los esfuerzos, y dictar nuevas medidas que propenden a lograr el fin que nos mueve a todas y todos como integrantes de la magistratura y de una sociedad comprometida, esto es poner fin a la violencia, erradicando cualquier actitud de dominación, manipulación y control”.

A tales efectos ordena la magistrada la “absoluta prohibición de acercamiento” al denunciado para con “la víctima y su grupo familiar”.

Además prohíbe la “presencia del agresor en el lugar de trabajo y/o lugares de concurrencia habitual de la víctima, inclusive en la vía pública, a una distancia no menor a un kilómetro de la persona denunciante, lo que implica abstenerse de todo tipo de contacto físico, de telefonía, y por vías electrónicas, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que resulte en una intromisión injustificada en relación a la denunciante mencionada”.

La jueza también en la misma resolución ordena al Equipo Técnico Forense la designación de un profesional de la Psicología y/o Asistente Social a los fines de la asistencia y colaboración en el acto de colocación y entrega de los dispositivos electrónicos. De igual manera se tomaron otras medidas “en aras de instar al empoderamiento y bienestar” de la señora “como para sus hijos”.

Por último ordena al municipio donde reside el agresor que arbitre los medios pertinentes que permita tareas o actividades que devengan en beneficio de esa comunidad.

El sistema de pulseras duales gestionadas por el Ministerio de Seguridad está compuesto por dos artefactos electrónicos con geolocalizador y comunicador para la víctima y una pulsera o tobillera electrónica con unidad de rastreo satelital para el agresor. Esto permite conocer en tiempo real la ubicación del hombre violento y su localización con respecto a la víctima; controlando de esta manera que se cumplan las restricciones perimetrales establecidas por la justicia.